Al finalizar el año, resulta necesario hacer algunas reflexiones sobre lo que consideramos significó el proceso de reconciliación, en especial en las provincias altas, antes de iniciar nos permitimos mencionar lo expresado por la Dra. Beatriz Merino Lucero en la presentación del Informe Defensorial Nro. 128 ¿Hacia donde vamos en políticas de reparación y justicia? “…El propósito de las recomendaciones formuladas es contribuir a la construcción de un país reconciliado con su pasado…que permitan a las víctimas acceder a una reparación integral y al fortalecimiento de los órganos jurisdiccionales, a fin de que garanticen a todos el acceso a una justicia sin discriminación…”, con ello podríamos afirmar que como parte de este proceso de reconciliación, la reparación y justicia han sido dos hechos de permanente exigencia en el presente año, existiendo a nuestro modo de opinar, mayores avances en el tema de reparación, razón por la que nos avocaremos a exponer nuestras apreciaciones en ambos puntos, no sin antes aclarar que es la reconciliación el camino al que el Estado y los ciudadanos debemos apuntar, pues nuestro país además requiere de cambios profundos en las diferentes instancias (Justicia, Educación, Salud, etc) las que pasan por reformas y refundaciones necesarias en algunos casos.
Sobre las reparaciones:
Consideramos fundamental, señalar que existen diferentes necesidades y miradas de los afectados respecto a las reparaciones, una de ellas pasa por que existen prioridades que atender y que son calificadas de inmediatas o urgentes es decir aquellas que el Estado debe inmediatamente implementar, nos referimos al tema educación, salud y trabajo. Estos tres aspectos, son el alguna medida las que en este año las y los afectados de provincias altas, hicieron sentir y demandaron.
En el tema de educación, aún existen resistencias desde las autoridades a quienes les corresponde dar este derecho, para reconocer que los afectados tiene este derecho como una forma de reparación, si bien en el presente año se logro13 ingresos directos entre la UNSAAC e Institutos Superiores Públicos, aún percibimos que ha resultado necesario nuestra intervención institucional para hacer cumplir un derecho que la Ley 28592, Ley del Plan Integral de Reparaciones, lo recoge. Sería mezquino, de nuestra parte, no reconocer que el avance en este punto ha sido positivo no sólo por que contamos con autoridades más informadas de este proceso, sino porque tenemos resoluciones que reconocen este derecho y permitirá que otros jóvenes se acojan basados en criterios de igualdad y no discriminación. Debemos destacar, que estos ingresos (a excepción de 02 casos) van más de lo que la ley le exige a la autoridad educativa, así fueron favorecidos jóvenes cuyos padres fueron torturados, otros porque la vinculación del beneficiario no es hacia el padre sino la víctima directa fue el hermano, vale decir se reconoció como forma de reparación a favor del hermano.
En el tema salud, resultado de diálogos entre la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN), Foncodes y el Ministerio de Salud, se aprobó otorgar constancias temporales de afectación a fin de satisfacer el derecho al seguro integral de salud. Esta noticia, generó mucha expectativa en la población afectada de provincias altas, a muchos de ellos les facilitamos la información necesaria, lamentablemente sentimos que esta voluntad política no se ha plasmado en algo efectivo, voluntad que no pasa sólo por querer otorgar el beneficio, sino en establecer un diálogo cercano con los afectados y dotar a los equipos regionales de Foncodes la logística necesaria para llegar a las poblaciones afectadas. Sumado a ello, se tiene que se exige a los afectados presentar una serie de documentos que permitan acreditar la afectación, hecho que genera una confusión, pues según la Ley 28592 es el Consejo de Reparaciones la instancia encargada de evaluar, calificar y darles las constancias respectivas a las víctimas para que con ello accedan al Programa Integral de Reparaciones. Consideramos que el Estado, debe coordinar de mejor manera las acciones a implementar, pues es irresponsable querer otorgar un derecho sin antes comprender como una determinada acción de este tipo, puede generar más bien mayor frustración y desconcierto en un sector de la población que demanda ser reconocidos en sus derechos por años.
Reconocemos la puesta en marcha del Programa de Reparaciones en Salud Mental, el que esta a cargo de la Dirección Regional de Salud y que en el presente año, a través de equipos itinerantes han realizado visitas a algunos sectores de provincias altas: Canas (C.C. Toccoccori) y Livitaca (C.C. Huanaco), lo destacable es que ha existido una apuesta de permanecer en el lugar por más de un mes, aspecto que favorece una mejor intervención psicológica y además necesaria pues permite hacer el acompañamiento psicológico adecuado. El equipo estuvo conformado no sólo por psicólogos sino por un psiquiatra.
Cuestionamos dos aspectos puntuales en la implementación de este programa: El hecho de no haber considerado desde el inicio a la provincia de Chumbivilcas, (sector de mayor afectación en las provincias altas) que una vez más no resulta favorecida de un programa de este tipo, percibimos al inicio de este programa, carencia de información sobre los niveles de afectación, no claridad en las estrategias a desarrollar, y la falta de coordinación con el Proyecto JICA, relacionado también a brindar atenciones en salud mental a personas afectadas por la violencia política y que también se desarrolla en algunos sectores de Canas y Canchis.
En el tema laboral.- Destacamos la voluntad política de algunos Municipios Distritales (Pitumarca y Tupac Amaru) en haber favorecido con puestos de trabajo a algunos afectados por la violencia política, voluntad basada como una forma de restitución de derechos. Si bien el reglamento de la Ley del PIR no reconocía expresamente el trabajo como una forma de reparación, ahora si lo hará pues a través de una propuesta remitida por nuestra institución solicitando la creación de un Programa de Reparaciones en materia ocupacional, esta ha sido acogida con lo que permitirá que al próximo año otras entidades estatales que exigen que las cosas estén expresamente dichas, olvidando principios generales, ahora den cumplimiento a este programa.
Niveles de coordinación: Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN)-Consejo de Reparaciones (CR).
Tanto la CMAN como el CR, son instancias creadas en la Ley 28592, si bien con labores claramente diferentes, demanda que por las funciones y acciones que desarrollan sus trabajos estén articulados. La percepción que tenemos desde las provincias altas, es que esta articulación es aún fría, pues por un lado (desde la CMAN) se intenta implementar programas de reparaciones como por ejemplo el de salud, en el que se solicita a las víctimas la exigencia de documentos para acreditar la afectación, hecho que puede generar a la larga que una misma persona, deba presentar los mismos documentos al CR.
Reconocemos en el CR las reuniones sostenidas con el Gobierno Regional del Cusco, a fin de articular esfuerzos e iniciar el Registro Unico de Víctimas (RUV), así mismo destacamos la reunión con los Alcaldes de Provincias Altas, desarrollada en Sicuani el 22 de octubre en la que se firmo un acta de compromiso, ratificando la voluntad política desde los Municipios de apoyar el RUV en provincias altas. El CR, ha remitido a través de nuestra institución, la propuesta de convenio para viabilizar esta voluntad, esperemos que en el año 2008 se garantice el inicio del RUV, hecho necesario y urgente para que los afectados accedan plenamente al Plan Integral de Reparaciones (PIR)
Nos preocupa que la CMAN no haya establecido hasta la fecha ningún canal de comunicación (comunicación que no pasa por enviar una carta únicamente) con el Gobierno Regional del Cusco, UNSAAC, Dirección Regional de Salud, Dirección Regional de Educación, Gobiernos Locales de provincias altas, etc, que es fundamental y que además la Ley 28592 exige para garantizar que el proceso de reconciliación se de.
Es necesario que en el año 2008, se realicen niveles de coordinación más local y se descentralice eficazmente estas instancias, desarrollando estrategias claras y diferenciadas tomando en cuenta las voces de los afectados y sus realidades.
¿Qué tenemos a nivel regional?
Contamos con un colectivo denominado Coordinadora Interinstitucional Post CVR-Cusco, que agrupa a instituciones privadas y públicas (Defensoría del Pueblo y Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza), motivadas por vigilar y hacer que se cumplan las recomendaciones del Informe Final de la CVR, este espacio viene funcionando desde el año 2004, logrando en el presente año la aprobación unánime de la ordenanza regional que crea el Consejo Regional de Reparación y Reconciliación. Consideramos que este ha sido el principal avance a nivel regional, estando pendiente su publicación y posterior reglamentación, tarea que debe concretizarse esperemos a inicios del año 2008. Además, señalar que así como sentimos que la CMAN no establece coordinaciones eficaces con el Gobierno Regional, tampoco esta instancia de gobierno tiene la voluntad plena para generar o propiciar esta coordinación, percibimos que aún se tiene dificultad para concebir de manera integral y con claridad el proceso de reconciliación y contar con un presupuesto que permita iniciar el Registro Unico de Víctimas Regional y plasmar la voluntad política, expuesta en tiempos de campaña electoral.
Sobre los casos en judicialización
La justicia es una de las condiciones indispensables para alcanzar la reconciliación, la demanda de los familiares y víctimas cuyos casos se judicializan en provincias altas es una demanda de verdad, es decir saber lo que sucedió con sus seres queridos y que sean los jueces los que emitan una decisión justa e imparcial.
Nuestra evaluación es que aún no se han superado las deficiencias repetidas años anteriores, como la excesiva demora en las investigaciones un ejemplo concreto en esto es la investigación que se sigue en la 5ta Fiscalía Provincial Penal del Cusco, respecto al caso CASHAHUI investigación que se sigue más de dos años y que hasta la fecha no se cuenta con una resolución fiscal final.
Respecto al caso de Marcelino Valencia y Zacarías Pasca (hechos producidos en setiembre de 1990) lo positivo es que se efectivizo las órdenes de captura en contra de cuatro efectivos policiales, procesados por el delito de homicidio. Ha culminado los plazos de investigación a nivel judicial, el caso será remitido a la Sala Mixta de Sicuani a fin de dar inicio al juicio oral; al próximo año se cumplirá 18 años de la muerte de ambas personas y el principal implicado, Miguel Angel Alva Quiroz se encuentra no habido.
Debemos mencionar también en este punto los casos de exhumación, (Caso familiares de Jesús Alvis y caso Doce Corrales), hechos que en el presente año se iniciaron las coordinaciones con equipos privados de antropología forense, esperamos que al próximo año se concretice las exhumaciones y con ello se acabe con el duelo que durante años mantienen los familiares.
Algunas perspectivas.-
El año 2008, consideramos que es un año clave por temas nacionales que muy bien pueden motivar avances regionales y más locales. Uno de ellos es el juicio al ex presidente Alberto Fujimori por casos de graves violaciones a derechos humanos, el inicio de éste juicio pondrá necesariamente en movimiento el Sistema de Justicia, una oportunidad valiosa para levantar los casos de judicialización a nivel local y generar actuaciones judiciales imparciales y resoluciones bien fundamentadas.
Otro punto clave, más a nivel local, es el convenio entre CR y Municipios de Provincias Altas, de concretizarse sería la primera iniciativa local que a través de esfuerzos articulados se da inicio al RUV, pero el convenio además podría ser en un pretexto para colocar en las agendas las reparaciones y propiciar para el futuro Municipios más informados con planes de desarrollo local que incorporan este tema.
Además en el 2008, se cumplirán 5 años del día de la Reconciliación Nacional y 60 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, motivos para generar en el nivel más local eventos de difusión e información masivos.
Queda a la sociedad civil, en especial a las organizaciones de afectados, participar más activamente en los espacios de coordinación local y desde las instituciones comprometidas con este proceso seguir apostando por un trabajo regional macro regional, garantizando que además de contar con Planes regional de Reparación, nuestra apuesta es y será la reconciliación, entendiendo ello como algo global y no como dos procesos diferenciados.
No olvidemos que el Informe Final de la Comisión de la Verdad es un mandato de los ausentes y de los olvidados de toda la nación. La historia que ahí se cuenta habla de nosotros, de lo que fuimos y de lo que debemos dejar ser. Esta historia habla de nuestras tareas. Y tomando las palabras de Salomón Lerner, esta historia comenzó hace cuatro años.
Sobre las reparaciones:
Consideramos fundamental, señalar que existen diferentes necesidades y miradas de los afectados respecto a las reparaciones, una de ellas pasa por que existen prioridades que atender y que son calificadas de inmediatas o urgentes es decir aquellas que el Estado debe inmediatamente implementar, nos referimos al tema educación, salud y trabajo. Estos tres aspectos, son el alguna medida las que en este año las y los afectados de provincias altas, hicieron sentir y demandaron.
En el tema de educación, aún existen resistencias desde las autoridades a quienes les corresponde dar este derecho, para reconocer que los afectados tiene este derecho como una forma de reparación, si bien en el presente año se logro13 ingresos directos entre la UNSAAC e Institutos Superiores Públicos, aún percibimos que ha resultado necesario nuestra intervención institucional para hacer cumplir un derecho que la Ley 28592, Ley del Plan Integral de Reparaciones, lo recoge. Sería mezquino, de nuestra parte, no reconocer que el avance en este punto ha sido positivo no sólo por que contamos con autoridades más informadas de este proceso, sino porque tenemos resoluciones que reconocen este derecho y permitirá que otros jóvenes se acojan basados en criterios de igualdad y no discriminación. Debemos destacar, que estos ingresos (a excepción de 02 casos) van más de lo que la ley le exige a la autoridad educativa, así fueron favorecidos jóvenes cuyos padres fueron torturados, otros porque la vinculación del beneficiario no es hacia el padre sino la víctima directa fue el hermano, vale decir se reconoció como forma de reparación a favor del hermano.
En el tema salud, resultado de diálogos entre la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN), Foncodes y el Ministerio de Salud, se aprobó otorgar constancias temporales de afectación a fin de satisfacer el derecho al seguro integral de salud. Esta noticia, generó mucha expectativa en la población afectada de provincias altas, a muchos de ellos les facilitamos la información necesaria, lamentablemente sentimos que esta voluntad política no se ha plasmado en algo efectivo, voluntad que no pasa sólo por querer otorgar el beneficio, sino en establecer un diálogo cercano con los afectados y dotar a los equipos regionales de Foncodes la logística necesaria para llegar a las poblaciones afectadas. Sumado a ello, se tiene que se exige a los afectados presentar una serie de documentos que permitan acreditar la afectación, hecho que genera una confusión, pues según la Ley 28592 es el Consejo de Reparaciones la instancia encargada de evaluar, calificar y darles las constancias respectivas a las víctimas para que con ello accedan al Programa Integral de Reparaciones. Consideramos que el Estado, debe coordinar de mejor manera las acciones a implementar, pues es irresponsable querer otorgar un derecho sin antes comprender como una determinada acción de este tipo, puede generar más bien mayor frustración y desconcierto en un sector de la población que demanda ser reconocidos en sus derechos por años.
Reconocemos la puesta en marcha del Programa de Reparaciones en Salud Mental, el que esta a cargo de la Dirección Regional de Salud y que en el presente año, a través de equipos itinerantes han realizado visitas a algunos sectores de provincias altas: Canas (C.C. Toccoccori) y Livitaca (C.C. Huanaco), lo destacable es que ha existido una apuesta de permanecer en el lugar por más de un mes, aspecto que favorece una mejor intervención psicológica y además necesaria pues permite hacer el acompañamiento psicológico adecuado. El equipo estuvo conformado no sólo por psicólogos sino por un psiquiatra.
Cuestionamos dos aspectos puntuales en la implementación de este programa: El hecho de no haber considerado desde el inicio a la provincia de Chumbivilcas, (sector de mayor afectación en las provincias altas) que una vez más no resulta favorecida de un programa de este tipo, percibimos al inicio de este programa, carencia de información sobre los niveles de afectación, no claridad en las estrategias a desarrollar, y la falta de coordinación con el Proyecto JICA, relacionado también a brindar atenciones en salud mental a personas afectadas por la violencia política y que también se desarrolla en algunos sectores de Canas y Canchis.
En el tema laboral.- Destacamos la voluntad política de algunos Municipios Distritales (Pitumarca y Tupac Amaru) en haber favorecido con puestos de trabajo a algunos afectados por la violencia política, voluntad basada como una forma de restitución de derechos. Si bien el reglamento de la Ley del PIR no reconocía expresamente el trabajo como una forma de reparación, ahora si lo hará pues a través de una propuesta remitida por nuestra institución solicitando la creación de un Programa de Reparaciones en materia ocupacional, esta ha sido acogida con lo que permitirá que al próximo año otras entidades estatales que exigen que las cosas estén expresamente dichas, olvidando principios generales, ahora den cumplimiento a este programa.
Niveles de coordinación: Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN)-Consejo de Reparaciones (CR).
Tanto la CMAN como el CR, son instancias creadas en la Ley 28592, si bien con labores claramente diferentes, demanda que por las funciones y acciones que desarrollan sus trabajos estén articulados. La percepción que tenemos desde las provincias altas, es que esta articulación es aún fría, pues por un lado (desde la CMAN) se intenta implementar programas de reparaciones como por ejemplo el de salud, en el que se solicita a las víctimas la exigencia de documentos para acreditar la afectación, hecho que puede generar a la larga que una misma persona, deba presentar los mismos documentos al CR.
Reconocemos en el CR las reuniones sostenidas con el Gobierno Regional del Cusco, a fin de articular esfuerzos e iniciar el Registro Unico de Víctimas (RUV), así mismo destacamos la reunión con los Alcaldes de Provincias Altas, desarrollada en Sicuani el 22 de octubre en la que se firmo un acta de compromiso, ratificando la voluntad política desde los Municipios de apoyar el RUV en provincias altas. El CR, ha remitido a través de nuestra institución, la propuesta de convenio para viabilizar esta voluntad, esperemos que en el año 2008 se garantice el inicio del RUV, hecho necesario y urgente para que los afectados accedan plenamente al Plan Integral de Reparaciones (PIR)
Nos preocupa que la CMAN no haya establecido hasta la fecha ningún canal de comunicación (comunicación que no pasa por enviar una carta únicamente) con el Gobierno Regional del Cusco, UNSAAC, Dirección Regional de Salud, Dirección Regional de Educación, Gobiernos Locales de provincias altas, etc, que es fundamental y que además la Ley 28592 exige para garantizar que el proceso de reconciliación se de.
Es necesario que en el año 2008, se realicen niveles de coordinación más local y se descentralice eficazmente estas instancias, desarrollando estrategias claras y diferenciadas tomando en cuenta las voces de los afectados y sus realidades.
¿Qué tenemos a nivel regional?
Contamos con un colectivo denominado Coordinadora Interinstitucional Post CVR-Cusco, que agrupa a instituciones privadas y públicas (Defensoría del Pueblo y Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza), motivadas por vigilar y hacer que se cumplan las recomendaciones del Informe Final de la CVR, este espacio viene funcionando desde el año 2004, logrando en el presente año la aprobación unánime de la ordenanza regional que crea el Consejo Regional de Reparación y Reconciliación. Consideramos que este ha sido el principal avance a nivel regional, estando pendiente su publicación y posterior reglamentación, tarea que debe concretizarse esperemos a inicios del año 2008. Además, señalar que así como sentimos que la CMAN no establece coordinaciones eficaces con el Gobierno Regional, tampoco esta instancia de gobierno tiene la voluntad plena para generar o propiciar esta coordinación, percibimos que aún se tiene dificultad para concebir de manera integral y con claridad el proceso de reconciliación y contar con un presupuesto que permita iniciar el Registro Unico de Víctimas Regional y plasmar la voluntad política, expuesta en tiempos de campaña electoral.
Sobre los casos en judicialización
La justicia es una de las condiciones indispensables para alcanzar la reconciliación, la demanda de los familiares y víctimas cuyos casos se judicializan en provincias altas es una demanda de verdad, es decir saber lo que sucedió con sus seres queridos y que sean los jueces los que emitan una decisión justa e imparcial.
Nuestra evaluación es que aún no se han superado las deficiencias repetidas años anteriores, como la excesiva demora en las investigaciones un ejemplo concreto en esto es la investigación que se sigue en la 5ta Fiscalía Provincial Penal del Cusco, respecto al caso CASHAHUI investigación que se sigue más de dos años y que hasta la fecha no se cuenta con una resolución fiscal final.
Respecto al caso de Marcelino Valencia y Zacarías Pasca (hechos producidos en setiembre de 1990) lo positivo es que se efectivizo las órdenes de captura en contra de cuatro efectivos policiales, procesados por el delito de homicidio. Ha culminado los plazos de investigación a nivel judicial, el caso será remitido a la Sala Mixta de Sicuani a fin de dar inicio al juicio oral; al próximo año se cumplirá 18 años de la muerte de ambas personas y el principal implicado, Miguel Angel Alva Quiroz se encuentra no habido.
Debemos mencionar también en este punto los casos de exhumación, (Caso familiares de Jesús Alvis y caso Doce Corrales), hechos que en el presente año se iniciaron las coordinaciones con equipos privados de antropología forense, esperamos que al próximo año se concretice las exhumaciones y con ello se acabe con el duelo que durante años mantienen los familiares.
Algunas perspectivas.-
El año 2008, consideramos que es un año clave por temas nacionales que muy bien pueden motivar avances regionales y más locales. Uno de ellos es el juicio al ex presidente Alberto Fujimori por casos de graves violaciones a derechos humanos, el inicio de éste juicio pondrá necesariamente en movimiento el Sistema de Justicia, una oportunidad valiosa para levantar los casos de judicialización a nivel local y generar actuaciones judiciales imparciales y resoluciones bien fundamentadas.
Otro punto clave, más a nivel local, es el convenio entre CR y Municipios de Provincias Altas, de concretizarse sería la primera iniciativa local que a través de esfuerzos articulados se da inicio al RUV, pero el convenio además podría ser en un pretexto para colocar en las agendas las reparaciones y propiciar para el futuro Municipios más informados con planes de desarrollo local que incorporan este tema.
Además en el 2008, se cumplirán 5 años del día de la Reconciliación Nacional y 60 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, motivos para generar en el nivel más local eventos de difusión e información masivos.
Queda a la sociedad civil, en especial a las organizaciones de afectados, participar más activamente en los espacios de coordinación local y desde las instituciones comprometidas con este proceso seguir apostando por un trabajo regional macro regional, garantizando que además de contar con Planes regional de Reparación, nuestra apuesta es y será la reconciliación, entendiendo ello como algo global y no como dos procesos diferenciados.
No olvidemos que el Informe Final de la Comisión de la Verdad es un mandato de los ausentes y de los olvidados de toda la nación. La historia que ahí se cuenta habla de nosotros, de lo que fuimos y de lo que debemos dejar ser. Esta historia habla de nuestras tareas. Y tomando las palabras de Salomón Lerner, esta historia comenzó hace cuatro años.
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