Algunas Fotografias para compartir...

viernes, 29 de febrero de 2008

WILLNAKUY DE NOVIEMBRE - DICIEMBRE - 2007

LO QUE HACEMOS, DEFINE LO QUE SOMOS: El impacto de esta sesión…

Iniciare este relato, intentando definirme como me considero, pues al concluir la sesión decidí darme esta tarea: Soy activista por los derechos humanos, comprometida en la opción preferencial por los pobres, no por esa Iglesia católica llena de formalismo, sino basada en una Iglesia viva basada en hombres y mujeres de servicio que han contribuido con su ejemplo y pensamiento a definir esta opción. Vivo y trabajo en las provincias altas del Cusco; al salir de Cusco (ciudad) en un inicio, me sentía confundida, pero el convivir a diario con hermanos y hermanas que luchan por no ser excluidos y demandar espacios para ser escuchados, ha sido el mejor aprendizaje y práctica diaria de intentar a diario construir coherencia; me identifico con el Sur Andino, con los problemas de las comunidades campesinas y aspiro hablar correctamente el quechua. Respeto a quienes comparte mi opción, admiro a las mujeres y hombres, en especial a mi madre y abuelo, que con sus actos me inclinaron a ver en el derecho una forma de servicio. Amo y me siento amada, encontré en mi pareja reciprocidad y el deseo de aportar en el desarrollo de nuestro país.

Debo reconocer que es la primera vez que se me solicita narrar el impacto, la marca o huella que una sesión de trabajo ha tenido en mi persona y al iniciar esta narración debo aceptar que me resulta interesante, pero a la vez un poco difícil, porque no se trata de hacer el análisis de una norma o de un hecho emblemático como el que a veces he realizado, pues siento que se trata de mirarme internamente y reflexionar cuanto me dejo esta sesión.

El hacer la línea de tiempo, retrocediendo hasta los doce años de edad me resulto más que interesante. Algo parecido realice, en un retiro espiritual con la Hermana Margarita Recabarren, pero lo diferente fue identificar hitos personales, organizaciones, estados emocionales, personas, que marcaron de lo que me considero actualmente. Reconozco que no fue una tarea sencilla, pues lo primero que me pregunte es ¿qué soy ahora? ¿Cómo me identifico? ¿Cómo me identifican las personas?, preguntas que considere necesarias para identificar esos grandes hitos personales, pero que no logre obtener respuestas plena. Descubrí, por ejemplo: Que mi trabajo en la defensa de los derechos humanos tiene un origen y una motivación en otras personas. Reconocí que lo aprendido es y ha sido permanente, que pasa por lo personal y siempre en interacción con otras personas.

El compartir sincero con otras compañeras, y con tanta disposición para escuchar nuestra línea del tiempo fue un espacio para aprender y conocer que a veces algunas historias pueden ser similares, reconocí en las mujeres con las que participé, que el lugar donde consideran llegaron no fue tan sencillo, que existió una gran voluntad para seguir adelante y una infatigable búsqueda de encontrar aquello que las hiciera feliz, tanto en el plano familiar como laboral.

Esta sesión me hizo mirar críticamente, pues más allá de lo bueno que normalmente queremos escuchar, o decirnos, creo que lo valioso fue además hacer una acción crítica y reflexiva hacia una misma, y en esa acción encontrar palabras, gestos e incluso acciones que no siempre fueron positivas hacia los y las demás, descubrir que alguna actitud mía realizada pudo y puede menoscabar hacia otro u otra semejante a nosotras.

La sesión me recordó la coherencia interna y externa; que la vida personal, aquella que muchas veces se dice pertenece únicamente a la persona, no es tan cierta y menos cuando esa vida interna se interactúa con nuestro entorno social.

lunes, 25 de febrero de 2008

WILLANAKUY - AGOSTO 2006

"CAMPAÑA LIMPIEMOS LA JUSTICIA ... EMPECEMOS POR CASA"



La Campaña “Limpiemos la Justicia”, nos dejó el desafío de continuar exigiendo la pronta reforma del Sistema de Administración de Justicia, desafío que debe realizarse ya, pues lugares como por ejemplo en las provincias altas del Cusco, (Canas, Canchis, Espinar y Chumbivilcas; denominada provincias altas por estar encima de los 3600msnm) con características de pobreza y extrema pobreza, quechua hablante en su mayoría este sistema, consideramos ha colapsado no sólo por la infraestructura inadecuada, falta de recursos humanos, sino porque existe una percepción generalizada en la población de que la justicia es inaccesible para estos sectores. Al iniciar esta campaña, en provincias altas, nos preguntamos, ¿cómo hacer que temas complejos, como el pedir la reforma del sistema de justicia, y que a veces puede limitar la participación activa de la población, es decir que el ciudadano sienta que la campaña no lo vincula, porque no cree que es una necesidad a demandar, en concreto como hacer que la campaña recoja la realidad más local, recoja una problemática concreta? Así decidimos iniciar conversaciones, con algunos dirigentes de Comunidades Campesinas y Federaciones, a quienes les preguntamos que tema podíamos levantar en esta Campaña o que factor limitaba que las personas no accedan a la justicia, surgieron muchas respuestas pero la mayoría giraba en torno a la imposibilidad de tener dinero para contar con un abogado, es decir la imposibilidad de contar con defensa por no tener recursos económicos, decidimos entonces centrarnos en revisar únicamente el tema de los Defensores de Oficio, tema que es una de las razones para que la población, por lo menos en las provincias altas, no acceda a la justicia. Para ello, sumados a la Campaña nacional y al memorial exigiendo la reforma del Sistema de Justicia, decidimos elaborar el memorial “Acceso a la justicia para las provincias altas”, en concreto demandamos Defensores de Oficio para las cuatro provincias altas, pues aún resulta difícil comprender ¿Cómo provincias con grandes necesidades, están aún excluidas de un servicio básico y fundamental, limitándose el acceso a la justicia a la posibilidad o imposibilidad de tener dinero para un abogado?
Como parte de la campaña, desarrollamos ferias informativas, vigilias, difusión de videos, encuentros, y recolectamos firmas para ambos memoriales. Quizá, fueron las ferias informativas, las que a diferencia de lo que normalmente ocurre en la ciudad, permitió un diálogo fluido con los pobladores y al estampar su firma, previa exigencia de información en quechua, invitaban a otros pobladores a firmar, en otros casos solicitaban llevar un planillón para recoger más firmas en sus casas, “necesitamos justicia legal, por eso quiero apoyar con mi firma en esta campaña” “la justicia esta corrupta, solo es para los que tienen plata, nosotros estamos muy dañados sobre todo los que somos del campo”, “queremos una justicia verdadera, la justicia esta totalmente sucia” , eran algunas frases que se repetían, pero que a la vez traía consigo la afirmación de decir, quiero apoyar, quiero participar en esta campaña, para que la justicia mejore en las provincias altas. Reconocemos que esta campaña, movilizo no solo a las organizaciones de afectados por la violencia política, sino a otros sectores que se sintieron motivados e interesados en el tema justicia. La lección que nos dejo esta campaña es haber recogido, una necesidad local y en base a ella aportar a la campaña nacional por la reforma del sistema de justicia, la que a la vez nos incentiva a hacer la siguiente reflexión: En nuestro país, muchas veces las reformas e incluso los proyectos nacionales del Estado se ejecutan generalizando una sola problemática, se olvida que al interior de las regiones, provincias, incluso más concretamente en sus comunidades, la problemática si bien puede ser similar necesita enriquecerse y tomar en cuenta sus demandas locales; la Campaña Limpiemos la Justicia, fue una posibilidad y oportunidad para recoger una de las necesidades de los (as) ciudadanos (as) de provincias altas, que esperamos haga llegar su voz de protesta el 10 de diciembre, fecha en la que remitiremos las más de 2000 firmas a la Presidencia de la República y Ministerio de Justicia, demandando la pronta instalación de Defensorías de Oficio en las cuatro provincias altas del Cusco.

POR LOS SENDEROS DE LA JUSTICIA Y LA RECONCILIACION

Al finalizar el año, resulta necesario hacer algunas reflexiones sobre lo que consideramos significó el proceso de reconciliación, en especial en las provincias altas, antes de iniciar nos permitimos mencionar lo expresado por la Dra. Beatriz Merino Lucero en la presentación del Informe Defensorial Nro. 128 ¿Hacia donde vamos en políticas de reparación y justicia? “…El propósito de las recomendaciones formuladas es contribuir a la construcción de un país reconciliado con su pasado…que permitan a las víctimas acceder a una reparación integral y al fortalecimiento de los órganos jurisdiccionales, a fin de que garanticen a todos el acceso a una justicia sin discriminación…”, con ello podríamos afirmar que como parte de este proceso de reconciliación, la reparación y justicia han sido dos hechos de permanente exigencia en el presente año, existiendo a nuestro modo de opinar, mayores avances en el tema de reparación, razón por la que nos avocaremos a exponer nuestras apreciaciones en ambos puntos, no sin antes aclarar que es la reconciliación el camino al que el Estado y los ciudadanos debemos apuntar, pues nuestro país además requiere de cambios profundos en las diferentes instancias (Justicia, Educación, Salud, etc) las que pasan por reformas y refundaciones necesarias en algunos casos.

Sobre las reparaciones:
Consideramos fundamental, señalar que existen diferentes necesidades y miradas de los afectados respecto a las reparaciones, una de ellas pasa por que existen prioridades que atender y que son calificadas de inmediatas o urgentes es decir aquellas que el Estado debe inmediatamente implementar, nos referimos al tema educación, salud y trabajo. Estos tres aspectos, son el alguna medida las que en este año las y los afectados de provincias altas, hicieron sentir y demandaron.

En el tema de educación, aún existen resistencias desde las autoridades a quienes les corresponde dar este derecho, para reconocer que los afectados tiene este derecho como una forma de reparación, si bien en el presente año se logro13 ingresos directos entre la UNSAAC e Institutos Superiores Públicos, aún percibimos que ha resultado necesario nuestra intervención institucional para hacer cumplir un derecho que la Ley 28592, Ley del Plan Integral de Reparaciones, lo recoge. Sería mezquino, de nuestra parte, no reconocer que el avance en este punto ha sido positivo no sólo por que contamos con autoridades más informadas de este proceso, sino porque tenemos resoluciones que reconocen este derecho y permitirá que otros jóvenes se acojan basados en criterios de igualdad y no discriminación. Debemos destacar, que estos ingresos (a excepción de 02 casos) van más de lo que la ley le exige a la autoridad educativa, así fueron favorecidos jóvenes cuyos padres fueron torturados, otros porque la vinculación del beneficiario no es hacia el padre sino la víctima directa fue el hermano, vale decir se reconoció como forma de reparación a favor del hermano.

En el tema salud, resultado de diálogos entre la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN), Foncodes y el Ministerio de Salud, se aprobó otorgar constancias temporales de afectación a fin de satisfacer el derecho al seguro integral de salud. Esta noticia, generó mucha expectativa en la población afectada de provincias altas, a muchos de ellos les facilitamos la información necesaria, lamentablemente sentimos que esta voluntad política no se ha plasmado en algo efectivo, voluntad que no pasa sólo por querer otorgar el beneficio, sino en establecer un diálogo cercano con los afectados y dotar a los equipos regionales de Foncodes la logística necesaria para llegar a las poblaciones afectadas. Sumado a ello, se tiene que se exige a los afectados presentar una serie de documentos que permitan acreditar la afectación, hecho que genera una confusión, pues según la Ley 28592 es el Consejo de Reparaciones la instancia encargada de evaluar, calificar y darles las constancias respectivas a las víctimas para que con ello accedan al Programa Integral de Reparaciones. Consideramos que el Estado, debe coordinar de mejor manera las acciones a implementar, pues es irresponsable querer otorgar un derecho sin antes comprender como una determinada acción de este tipo, puede generar más bien mayor frustración y desconcierto en un sector de la población que demanda ser reconocidos en sus derechos por años.

Reconocemos la puesta en marcha del Programa de Reparaciones en Salud Mental, el que esta a cargo de la Dirección Regional de Salud y que en el presente año, a través de equipos itinerantes han realizado visitas a algunos sectores de provincias altas: Canas (C.C. Toccoccori) y Livitaca (C.C. Huanaco), lo destacable es que ha existido una apuesta de permanecer en el lugar por más de un mes, aspecto que favorece una mejor intervención psicológica y además necesaria pues permite hacer el acompañamiento psicológico adecuado. El equipo estuvo conformado no sólo por psicólogos sino por un psiquiatra.
Cuestionamos dos aspectos puntuales en la implementación de este programa: El hecho de no haber considerado desde el inicio a la provincia de Chumbivilcas, (sector de mayor afectación en las provincias altas) que una vez más no resulta favorecida de un programa de este tipo, percibimos al inicio de este programa, carencia de información sobre los niveles de afectación, no claridad en las estrategias a desarrollar, y la falta de coordinación con el Proyecto JICA, relacionado también a brindar atenciones en salud mental a personas afectadas por la violencia política y que también se desarrolla en algunos sectores de Canas y Canchis.

En el tema laboral.- Destacamos la voluntad política de algunos Municipios Distritales (Pitumarca y Tupac Amaru) en haber favorecido con puestos de trabajo a algunos afectados por la violencia política, voluntad basada como una forma de restitución de derechos. Si bien el reglamento de la Ley del PIR no reconocía expresamente el trabajo como una forma de reparación, ahora si lo hará pues a través de una propuesta remitida por nuestra institución solicitando la creación de un Programa de Reparaciones en materia ocupacional, esta ha sido acogida con lo que permitirá que al próximo año otras entidades estatales que exigen que las cosas estén expresamente dichas, olvidando principios generales, ahora den cumplimiento a este programa.

Niveles de coordinación: Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN)-Consejo de Reparaciones (CR).
Tanto la CMAN como el CR, son instancias creadas en la Ley 28592, si bien con labores claramente diferentes, demanda que por las funciones y acciones que desarrollan sus trabajos estén articulados. La percepción que tenemos desde las provincias altas, es que esta articulación es aún fría, pues por un lado (desde la CMAN) se intenta implementar programas de reparaciones como por ejemplo el de salud, en el que se solicita a las víctimas la exigencia de documentos para acreditar la afectación, hecho que puede generar a la larga que una misma persona, deba presentar los mismos documentos al CR.
Reconocemos en el CR las reuniones sostenidas con el Gobierno Regional del Cusco, a fin de articular esfuerzos e iniciar el Registro Unico de Víctimas (RUV), así mismo destacamos la reunión con los Alcaldes de Provincias Altas, desarrollada en Sicuani el 22 de octubre en la que se firmo un acta de compromiso, ratificando la voluntad política desde los Municipios de apoyar el RUV en provincias altas. El CR, ha remitido a través de nuestra institución, la propuesta de convenio para viabilizar esta voluntad, esperemos que en el año 2008 se garantice el inicio del RUV, hecho necesario y urgente para que los afectados accedan plenamente al Plan Integral de Reparaciones (PIR)

Nos preocupa que la CMAN no haya establecido hasta la fecha ningún canal de comunicación (comunicación que no pasa por enviar una carta únicamente) con el Gobierno Regional del Cusco, UNSAAC, Dirección Regional de Salud, Dirección Regional de Educación, Gobiernos Locales de provincias altas, etc, que es fundamental y que además la Ley 28592 exige para garantizar que el proceso de reconciliación se de.
Es necesario que en el año 2008, se realicen niveles de coordinación más local y se descentralice eficazmente estas instancias, desarrollando estrategias claras y diferenciadas tomando en cuenta las voces de los afectados y sus realidades.

¿Qué tenemos a nivel regional?
Contamos con un colectivo denominado Coordinadora Interinstitucional Post CVR-Cusco, que agrupa a instituciones privadas y públicas (Defensoría del Pueblo y Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza), motivadas por vigilar y hacer que se cumplan las recomendaciones del Informe Final de la CVR, este espacio viene funcionando desde el año 2004, logrando en el presente año la aprobación unánime de la ordenanza regional que crea el Consejo Regional de Reparación y Reconciliación. Consideramos que este ha sido el principal avance a nivel regional, estando pendiente su publicación y posterior reglamentación, tarea que debe concretizarse esperemos a inicios del año 2008. Además, señalar que así como sentimos que la CMAN no establece coordinaciones eficaces con el Gobierno Regional, tampoco esta instancia de gobierno tiene la voluntad plena para generar o propiciar esta coordinación, percibimos que aún se tiene dificultad para concebir de manera integral y con claridad el proceso de reconciliación y contar con un presupuesto que permita iniciar el Registro Unico de Víctimas Regional y plasmar la voluntad política, expuesta en tiempos de campaña electoral.

Sobre los casos en judicialización
La justicia es una de las condiciones indispensables para alcanzar la reconciliación, la demanda de los familiares y víctimas cuyos casos se judicializan en provincias altas es una demanda de verdad, es decir saber lo que sucedió con sus seres queridos y que sean los jueces los que emitan una decisión justa e imparcial.
Nuestra evaluación es que aún no se han superado las deficiencias repetidas años anteriores, como la excesiva demora en las investigaciones un ejemplo concreto en esto es la investigación que se sigue en la 5ta Fiscalía Provincial Penal del Cusco, respecto al caso CASHAHUI investigación que se sigue más de dos años y que hasta la fecha no se cuenta con una resolución fiscal final.
Respecto al caso de Marcelino Valencia y Zacarías Pasca (hechos producidos en setiembre de 1990) lo positivo es que se efectivizo las órdenes de captura en contra de cuatro efectivos policiales, procesados por el delito de homicidio. Ha culminado los plazos de investigación a nivel judicial, el caso será remitido a la Sala Mixta de Sicuani a fin de dar inicio al juicio oral; al próximo año se cumplirá 18 años de la muerte de ambas personas y el principal implicado, Miguel Angel Alva Quiroz se encuentra no habido.
Debemos mencionar también en este punto los casos de exhumación, (Caso familiares de Jesús Alvis y caso Doce Corrales), hechos que en el presente año se iniciaron las coordinaciones con equipos privados de antropología forense, esperamos que al próximo año se concretice las exhumaciones y con ello se acabe con el duelo que durante años mantienen los familiares.

Algunas perspectivas.-
El año 2008, consideramos que es un año clave por temas nacionales que muy bien pueden motivar avances regionales y más locales. Uno de ellos es el juicio al ex presidente Alberto Fujimori por casos de graves violaciones a derechos humanos, el inicio de éste juicio pondrá necesariamente en movimiento el Sistema de Justicia, una oportunidad valiosa para levantar los casos de judicialización a nivel local y generar actuaciones judiciales imparciales y resoluciones bien fundamentadas.
Otro punto clave, más a nivel local, es el convenio entre CR y Municipios de Provincias Altas, de concretizarse sería la primera iniciativa local que a través de esfuerzos articulados se da inicio al RUV, pero el convenio además podría ser en un pretexto para colocar en las agendas las reparaciones y propiciar para el futuro Municipios más informados con planes de desarrollo local que incorporan este tema.
Además en el 2008, se cumplirán 5 años del día de la Reconciliación Nacional y 60 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, motivos para generar en el nivel más local eventos de difusión e información masivos.
Queda a la sociedad civil, en especial a las organizaciones de afectados, participar más activamente en los espacios de coordinación local y desde las instituciones comprometidas con este proceso seguir apostando por un trabajo regional macro regional, garantizando que además de contar con Planes regional de Reparación, nuestra apuesta es y será la reconciliación, entendiendo ello como algo global y no como dos procesos diferenciados.
No olvidemos que el Informe Final de la Comisión de la Verdad es un mandato de los ausentes y de los olvidados de toda la nación. La historia que ahí se cuenta habla de nosotros, de lo que fuimos y de lo que debemos dejar ser. Esta historia habla de nuestras tareas. Y tomando las palabras de Salomón Lerner, esta historia comenzó hace cuatro años.

sábado, 9 de febrero de 2008

SE BUSCA!!!!


JUSTICIA PARA :

Marcelino Valencia y Zacarias Pasca (Santo Tomas – Chumbivilcas)

En la mañana del 24 de septiembre de 1990, Zacarias Pasca Huamani, fue detenido ilegalmente, por el Alférez Miguel Ángel Alva Quiroz y otros efectivos policiales que pertenecían a la Guardia Civil, quienes lo condujeron a la Comisaría de Santo Tomás, donde empiezan a maltratarlo de palabra y físicamente, acusándolo de terrorista. Por la tarde se acerca a reclamar por su libertad su Profesor y Bachiller en Derecho Marcelino Valencia Alvaro, quien recibía también fue detenido y del mismo modo que a Zacarias Pasca torturado.
Por la noche el Alférez Alva Quiroz, (No habido hasta la fecha) y en complicidad con otros efectivos policiales, obligaron a los detenidos a cavar dos huecos que luego serian sus propias tumbas en el patio de la Comisaría, concluido esto, les dispararon en la cabeza con un arma, procediendo luego a enterrarlos. Seguidamente otros detenidos, que se encontraban también en dicha Comisaría, fueron obligados a bailar sobre sus tumbas.

Al día siguiente los familiares reclamaron por la libertad de Marcelino y Zacarías y el Alférez Alva Quiroz afirmo, que los había liberado la noche anterior. Iniciada las investigaciones se descubre la verdad de los hechos,
escapando el Alférez Alva Quiroz, principal responsable de los hechos, con apoyo de otros efectivos policiales y que en esa fecha ocupaban altos cargos.
Los efectivos policiales fueron investigados, juzgados y luego condenados en el fuero militar, de la Policía Nacional del Perú, a penas irrisorias por abuso de autoridad y negligencia. Luego de que se planteara una contienda de competencia, se ordeno que los hechos fueran investigados en el Juzgado Mixto de Chumbivilcas, por delito de Homicidio Calificado.
Actualmente el proceso se encuentra en la Sala Mixta de Sicuani (Cusco), a fin de dar inicio al juicio oral.

Este hecho ocurrió cuando Alberto Fujimorio era Presidente del Perú, muchos líderes, dirigentes, profesionales, etc. fueron perseguidos, acusándolos injustamente de terroristas. Marcelino Valencia y Zacarias Pasca, fueron también víctimas de un gobierno que no se preocupo por sancionar a los violadores de derechos humanos sino de protegerlos y mantenerlos en la impunidad, figura que el también en su momento utilizo y utiliza, si bien la justicia demoro en el caso Fujimori, Miguel Angel Alva Quiroz no podrá huir de la justicia y en algún momento tendra que responder por las graves violaciones a derechos humanos



Si conoces el paradero, lo has visto o sabes alguna información que nos ayude a dar con él comunícate a justiciamarcelinoyzacarias@yahoo.es

POR VERDAD Y JUSTICIA AHORA !!!